Sin dudas, la discapacidad constituye una de las principales tragedias originadas
en la pobreza y la indigencia, cuya influencia política, económica y social se hace
sentir en todo el mundo y en particular, en África y en Latinoamérica.
El hambre, la falta de atención médica, la ausencia de políticas preventivas en
materia sanitaria, la contaminación ambiental y los accidentes viales y laborales
constituyen las causales de la existencia de una población que aumenta
geométricamente alcanzando a 600 millones de personas, en todo el mundo y a 90
millones, en Latinoamérica y el Caribe, cuya gran mayoría no alcanza a satisfacer
sus necesidades básicas y forman parte de la legión de pobres e indigentes.
Sin embargo, resulta invisible a los ojos de la sociedad y de los gobiernos porque
los sujetos con alguna deficiencia física o mental se encuentran bajo las garras
del paradigma de la inutilidad, pues se los considera como seres que no pueden
realizar actividades destinadas a su sustento y que solamente constituyen una
carga.
Esta invisibilidad se potencia con el paradigma de la irrelevancia, mediante el
cual se soslaya a las personas con discapacidad como seres humanos que merecen una vida digna y autónoma. Ambos paradigmas se manifiestan socialmente mediante el desinterés social por su situación y desde el ámbito estatal, mediante la ausencia de políticas que permitan el desarrollo de sus potencialidades.
Las causas de la discapacidad, mal que le pese a muchas y a muchos, son perfectamente evitables mediante una acción estatal sistemática destinada a su
erradicación, a través de políticas públicas que permitan garantizar los derechos
fundamentales del hombre con el objeto de permitirle vivir dignamente.
Diversos paradigmas se conjugan para perpetuar la inevitabilidad. El modelo de
subsidiariedad del Estado, baluarte del neoliberalismo pasado y actual, permitió la construcción de modelos socioeconómicos que profundizaron la brecha social y
económica iniciada durante la década del `70 en América Latina y el Caribe mientras que la liberalización de la economía, profundizada durante la década del `90, operó sustantivamente en la construcción de un ser cuyas características fundamentales no permitían la aceptación de la diversidad psicofísica. Por otra parte, el paradigma médico, asociado con el social, definió claramente a la persona con discapacidad a partir de la patología hereditaria o adquirida y ello contribuyó sustancialmente a reducir sus posibilidades laborales, a pesar de otro modelo como el de las capacidades diferentes.
Ahora bien, ¿porqué debemos considerarlo como una tragedia?, ¿porqué es invisible?, ¿porqué es evitable?. Sin dudas, son tres interrogantes que podemos responder a partir de una visión integral acerca de los efectos del incremento de la población con discapacidad en las economías nacionales.
La concepción de la inutilidad permitió elaborar un concepto de ser improductivo, el cual no tuvo en cuenta las capacidades y habilidades remanentes. Ello fue receptado por el neoliberalismo, a pesar del creciente reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derecho.
Partiendo de lo anterior, podemos afirmar que el incremento de la población con
discapacidad conlleva una disminución sustantiva de la población económicamente activa y de aquella que pasará a integrarla, como en el caso de los niños, niñas y jóvenes. Allí nos encontramos ante una reducción de la mano de obra que operará en contra del incremento de la producción y el consiguiente crecimiento de la economía, aunque no debemos olvidar que éste no es lo mismo que desarrollo.
Si tenemos en cuenta dicha disminución, no cabe duda que estamos ante una tragedia provocada por el desinterés social y estatal.
La falta de alternativas educativas para los estudiantes con discapacidad y las
severas limitaciones existentes para su formación contribuyeron a perpetuar su
exclusión en forma sustantiva, a partir de una acción estatal que solamente se
redujo a una socialización secundaria de modo parcial para impedir su inclusión
laboral en el futuro.
Sin embargo, otro obstáculo fundamental son las barreras arquitectónicas y
comunicacionales. Ellas operan como disuasivo de las intenciones de las personas
con discapacidad. La falta de rampas de acceso a edificios públicos y privados, al
igual que en calles y avenidas; la inaccesibilidad de andenes en las estaciones
ferroviarias y subterráneas, al igual que en el transporte automotor y la ausencia
de sistemas audiovisuales impiden el desarrollo de una vida autónoma junto con un absoluto desamparo en lo sanitario.
Todo ello limitó las posibilidades educativas y laborales a las personas con
discapacidad, en forma significativa, para obligarlas a encerrarse en sus
domicilios y solamente contar con la posibilidad de una vida desarrollada a través
de su núcleo familiar y con una escasa vida social. Sin dudas, las barreras que
hemos mencionado contribuyeron a una invisibilización que continúa aún hoy y que perpetúa lo trágico, pues ello lleva a una estigmatización que solamente superan unas pocas y unos pocos.
Las limitaciones que señalamos, en conjunto con el proceso que hemos mencionado, nos lleva a responder al segundo interrogante.
Obstáculos físicos y socioeconómicos permiten la invisibilización del sujeto y por
ende, no se percibe su existencia para la sociedad y el Estado para impedir, de
esta forma, que los integrantes de este colectivo vulnerable alcancen una
existencia con plena igualdad de oportunidades. Son invisibles, no se ven pero
tampoco se quieren ver y si a ello le sumamos la escasa conciencia y el escaso
conocimiento acerca de sus derechos, la tragedia se magnifica.
A pesar de lo que hemos señalado, es perfectamente evitable mediante políticas
estatales que promuevan la participación política, económica y social de los
sujetos con discapacidad de modo tal que, en forma paulatina, sean aceptados
socialmente.
La implementación de modelos socioeconómicos que contemplen la diversidad
psicofísica, a través de acciones estatales con una firme voluntad política,
permitirá la progresiva inclusión de las personas con discapacidad.
Políticas sanitarias que permitan una amplia cobertura de los tratamientos de sus
patologías agudas y crónicas, junto a otras que permitan promover su formación e
inclusión en el mundo educativo y laboral, contribuirán al desarrollo de una vida
digna en forma autónoma.
Si analizamos lo que acontece en Latinoamérica, podemos advertir el creciente
estímulo estatal en Bolivia y Venezuela, donde se han sancionado y promulgado
marcos jurídicos destinados al reconocimiento de sus particularidades como también a su desarrollo integral.
El Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en Bolivia, mediante un decreto del Presidente Evo Morales, permitió una luz de esperanza para el colectivo en dicho país luego de eternas
postergaciones junto a la implementación de la Operación Milagro. Del mismo modo, el Presidente Chávez promulgó la Ley para las Personas con Discapacidad con la finalidad de otorgar un firme respaldo a un colectivo históricamente excluído de la sociedad venezolana.
En Argentina, pese a un marco normativo que contempla la gran amplitud de las
necesidades de las personas con discapacidad, el incumplimiento sistemático por
parte del Estado y la profunda irrelevancia social provocan una exclusión creciente a pesar de los reclamos efectuados por el colectivo.
La perpetuación del neoliberalismo, después de casi 25 años de democracia, impidió llevar a cabo la paulatina inclusión en el mundo educativo y laboral como también postergando sustancialmente sus aspiraciones a un desarrollo digno y autónomo.
A ello se suma el elevado desinterés social, sumado a una elevada discriminación
como indican las estadísticas oficiales y el desánimo del colectivo, cuya gran
mayoría desconoce sus derechos aunque también sufre los avatares de una indefensión debido a la carencia de medios económicos para solventar las acciones judiciales necesarias para revertirla.
Sin embargo, lo que acontece en la Argentina también ocurre en otros Estados
latinoamericanos con demasiada frecuencia, pese a la acción de numerosas
organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad; al
menos, de aquellas que eligieron no depender de la billetera estatal.
Como hemos visto, la discapacidad es una tragedia invisible y evitable. Que deje de
serla depende de los gobernantes como de los gobernados; los primeros, promoviendo políticas que contribuyan a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad en forma efectiva y los segundos, tengan o no discapacidad, obligando al cumplimiento de la normativa vigente a quienes tienen que cumplirla, a esa plutocracia aliada de todas las oligarquías.
en la pobreza y la indigencia, cuya influencia política, económica y social se hace
sentir en todo el mundo y en particular, en África y en Latinoamérica.
El hambre, la falta de atención médica, la ausencia de políticas preventivas en
materia sanitaria, la contaminación ambiental y los accidentes viales y laborales
constituyen las causales de la existencia de una población que aumenta
geométricamente alcanzando a 600 millones de personas, en todo el mundo y a 90
millones, en Latinoamérica y el Caribe, cuya gran mayoría no alcanza a satisfacer
sus necesidades básicas y forman parte de la legión de pobres e indigentes.
Sin embargo, resulta invisible a los ojos de la sociedad y de los gobiernos porque
los sujetos con alguna deficiencia física o mental se encuentran bajo las garras
del paradigma de la inutilidad, pues se los considera como seres que no pueden
realizar actividades destinadas a su sustento y que solamente constituyen una
carga.
Esta invisibilidad se potencia con el paradigma de la irrelevancia, mediante el
cual se soslaya a las personas con discapacidad como seres humanos que merecen una vida digna y autónoma. Ambos paradigmas se manifiestan socialmente mediante el desinterés social por su situación y desde el ámbito estatal, mediante la ausencia de políticas que permitan el desarrollo de sus potencialidades.
Las causas de la discapacidad, mal que le pese a muchas y a muchos, son perfectamente evitables mediante una acción estatal sistemática destinada a su
erradicación, a través de políticas públicas que permitan garantizar los derechos
fundamentales del hombre con el objeto de permitirle vivir dignamente.
Diversos paradigmas se conjugan para perpetuar la inevitabilidad. El modelo de
subsidiariedad del Estado, baluarte del neoliberalismo pasado y actual, permitió la construcción de modelos socioeconómicos que profundizaron la brecha social y
económica iniciada durante la década del `70 en América Latina y el Caribe mientras que la liberalización de la economía, profundizada durante la década del `90, operó sustantivamente en la construcción de un ser cuyas características fundamentales no permitían la aceptación de la diversidad psicofísica. Por otra parte, el paradigma médico, asociado con el social, definió claramente a la persona con discapacidad a partir de la patología hereditaria o adquirida y ello contribuyó sustancialmente a reducir sus posibilidades laborales, a pesar de otro modelo como el de las capacidades diferentes.
Ahora bien, ¿porqué debemos considerarlo como una tragedia?, ¿porqué es invisible?, ¿porqué es evitable?. Sin dudas, son tres interrogantes que podemos responder a partir de una visión integral acerca de los efectos del incremento de la población con discapacidad en las economías nacionales.
La concepción de la inutilidad permitió elaborar un concepto de ser improductivo, el cual no tuvo en cuenta las capacidades y habilidades remanentes. Ello fue receptado por el neoliberalismo, a pesar del creciente reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derecho.
Partiendo de lo anterior, podemos afirmar que el incremento de la población con
discapacidad conlleva una disminución sustantiva de la población económicamente activa y de aquella que pasará a integrarla, como en el caso de los niños, niñas y jóvenes. Allí nos encontramos ante una reducción de la mano de obra que operará en contra del incremento de la producción y el consiguiente crecimiento de la economía, aunque no debemos olvidar que éste no es lo mismo que desarrollo.
Si tenemos en cuenta dicha disminución, no cabe duda que estamos ante una tragedia provocada por el desinterés social y estatal.
La falta de alternativas educativas para los estudiantes con discapacidad y las
severas limitaciones existentes para su formación contribuyeron a perpetuar su
exclusión en forma sustantiva, a partir de una acción estatal que solamente se
redujo a una socialización secundaria de modo parcial para impedir su inclusión
laboral en el futuro.
Sin embargo, otro obstáculo fundamental son las barreras arquitectónicas y
comunicacionales. Ellas operan como disuasivo de las intenciones de las personas
con discapacidad. La falta de rampas de acceso a edificios públicos y privados, al
igual que en calles y avenidas; la inaccesibilidad de andenes en las estaciones
ferroviarias y subterráneas, al igual que en el transporte automotor y la ausencia
de sistemas audiovisuales impiden el desarrollo de una vida autónoma junto con un absoluto desamparo en lo sanitario.
Todo ello limitó las posibilidades educativas y laborales a las personas con
discapacidad, en forma significativa, para obligarlas a encerrarse en sus
domicilios y solamente contar con la posibilidad de una vida desarrollada a través
de su núcleo familiar y con una escasa vida social. Sin dudas, las barreras que
hemos mencionado contribuyeron a una invisibilización que continúa aún hoy y que perpetúa lo trágico, pues ello lleva a una estigmatización que solamente superan unas pocas y unos pocos.
Las limitaciones que señalamos, en conjunto con el proceso que hemos mencionado, nos lleva a responder al segundo interrogante.
Obstáculos físicos y socioeconómicos permiten la invisibilización del sujeto y por
ende, no se percibe su existencia para la sociedad y el Estado para impedir, de
esta forma, que los integrantes de este colectivo vulnerable alcancen una
existencia con plena igualdad de oportunidades. Son invisibles, no se ven pero
tampoco se quieren ver y si a ello le sumamos la escasa conciencia y el escaso
conocimiento acerca de sus derechos, la tragedia se magnifica.
A pesar de lo que hemos señalado, es perfectamente evitable mediante políticas
estatales que promuevan la participación política, económica y social de los
sujetos con discapacidad de modo tal que, en forma paulatina, sean aceptados
socialmente.
La implementación de modelos socioeconómicos que contemplen la diversidad
psicofísica, a través de acciones estatales con una firme voluntad política,
permitirá la progresiva inclusión de las personas con discapacidad.
Políticas sanitarias que permitan una amplia cobertura de los tratamientos de sus
patologías agudas y crónicas, junto a otras que permitan promover su formación e
inclusión en el mundo educativo y laboral, contribuirán al desarrollo de una vida
digna en forma autónoma.
Si analizamos lo que acontece en Latinoamérica, podemos advertir el creciente
estímulo estatal en Bolivia y Venezuela, donde se han sancionado y promulgado
marcos jurídicos destinados al reconocimiento de sus particularidades como también a su desarrollo integral.
El Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en Bolivia, mediante un decreto del Presidente Evo Morales, permitió una luz de esperanza para el colectivo en dicho país luego de eternas
postergaciones junto a la implementación de la Operación Milagro. Del mismo modo, el Presidente Chávez promulgó la Ley para las Personas con Discapacidad con la finalidad de otorgar un firme respaldo a un colectivo históricamente excluído de la sociedad venezolana.
En Argentina, pese a un marco normativo que contempla la gran amplitud de las
necesidades de las personas con discapacidad, el incumplimiento sistemático por
parte del Estado y la profunda irrelevancia social provocan una exclusión creciente a pesar de los reclamos efectuados por el colectivo.
La perpetuación del neoliberalismo, después de casi 25 años de democracia, impidió llevar a cabo la paulatina inclusión en el mundo educativo y laboral como también postergando sustancialmente sus aspiraciones a un desarrollo digno y autónomo.
A ello se suma el elevado desinterés social, sumado a una elevada discriminación
como indican las estadísticas oficiales y el desánimo del colectivo, cuya gran
mayoría desconoce sus derechos aunque también sufre los avatares de una indefensión debido a la carencia de medios económicos para solventar las acciones judiciales necesarias para revertirla.
Sin embargo, lo que acontece en la Argentina también ocurre en otros Estados
latinoamericanos con demasiada frecuencia, pese a la acción de numerosas
organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad; al
menos, de aquellas que eligieron no depender de la billetera estatal.
Como hemos visto, la discapacidad es una tragedia invisible y evitable. Que deje de
serla depende de los gobernantes como de los gobernados; los primeros, promoviendo políticas que contribuyan a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad en forma efectiva y los segundos, tengan o no discapacidad, obligando al cumplimiento de la normativa vigente a quienes tienen que cumplirla, a esa plutocracia aliada de todas las oligarquías.
